Desde hace tres meses los ‘tomistas’ convirtieron la Universidad del Atlántico en tierra de su propiedad.

Cerraron las puertas de acceso y prohibieron el ingreso a la institución de directivos, trabajadores, personal docente y estudiantes.

También convirtieron la Universidad en un escenario para batallas campales, con agresiones violentas contra trabajadores, directivos, estudiantes y hasta periodistas, poniendo en riesgo su integridad y la vida, tal como ocurrió con el personal de vigilancia.

Como si fuese poco, en desarrollo de la ‘toma’ se registró la muerte de la estudiante Madelayne Sofía Ortega Villa, el 18 de diciembre, en extrañas circunstancias que son materia de investigación. La estudiante de derecho, de apenas 17 años de edad, murió en hechos que son materia de investigación pues las autoridades judiciales solo pudieron ingresar a la Sede Centro dos horas después de que la adolescente fuera llevada sin vida a la Clínica San Diego.

Aparentemente, el pretexto de la ‘toma’, a partir del 25 de octubre, fue la salida del entonces Rector Carlos Prasca, quien presentó renuncia que se haría efectiva una vez se cumpliera su período de vacaciones.

Sin embargo, las cosas no quedaron ahí. Cuando todos pensaban que el objetivo de la ‘toma’ se había cumplido, vino lo inesperado. Después de la dimisión de Prasca, los estudiantes decían "temer" que Prasca regresara a la Universidad al terminar su periodo de vacaciones el 16 de diciembre. Entonces, representantes de 8 de 10 facultades votaron por la continuidad del paro, bajo la exigencia de reformar los estatutos de la Universidad.

A ello se sumaron actos vandálicos, hurtos de implementos, daños en los bienes y más agresiones violentas a quienes se mostraron en desacuerdo con el cese de actividades académicas y administrativas, entre otros repudiables situaciones.

Fue entonces cuando también se conocieron denuncias sobre la ‘guachafita’ que realmente se registraba al interior de las sedes de la Universidad.

Más grave aún fue lo registrado el 18 de diciembre con la muerte de la estudiante Madelayne Sofía Ortega Villa, en la sede centro de Uniatlántico.

En esencia, el propósito de la ‘toma’ lo orientaron a una reforma de los estatutos que permitiese la elección de Rector y Decanos mediante el mecanismo de consultas con participación de estudiantes activos y profesores de planta.

El Consejo Superior ya venía trabajando sobre el tema, a través del asesor Jorge Hernán Cárdenas, y una comisión accidental se encontraba al frente de la revisión de los estatutos, conformada por José Penso (delegado del Presidente de la República), Maximiliano Gómez (representante del Ministerio de Educación), Roberto Figueroa (por los profesores), Fernando Cabarcas (en calidad de coordinador), Bernadette Morales (en la parte jurídica por la Gobernación del Atlántico) y 4 estudiantes, a la que se sumó la Defensora Regional del Pueblo, Alma Riquett (como garante).

Esta comisión avanzó en dicha revisión, sin embargo, la mayor exigencia por parte de los ‘tomistas’ ha sido la relacionada con las modificaciones al mecanismo de elección de Rector y Decanos.

Por ello, los ‘tomistas’ siguieron condicionando el levantamiento del paro a la aprobación del estatuto con sus exigencias incluidas.

Fue entonces cuando la Gobernadora Elsa Noguera De la Espriella, quien venía al tanto de la situación intentando una salida al conflicto, se reunió con el representante de los profesores y de los estudiantes, comprometiéndose a un acuerdo sobre las modificaciones, aprobación y divulgación del mismo.

No obstante, esto tampoco fue aceptado por la representación de profesores y estudiantes, ante lo cual la Gobernadora convocó una nueva reunión en la que se comprometió a la aprobación de los estatutos en un término de 60 días.

De inmediato, los representantes de estudiantes y profesores plantearon tres nuevas exigencias para el levantamiento de la toma y el retorno a clases:

- Que no haya represalias en contra de los promotores del paro.

- Que no haya judicialización por los hechos violentos, agresiones y daños causados al interior de la Universidad.

- Que no haya perjuicio académico especialmente para los ‘tomistas’.

En otras palabras, pese a los hechos violentos registrados, lesiones causadas a las personas, los daños ocasionados en la Universidad, el grave perjuicio académico para los estudiantes (semestres 2019-2 y 2020-1), así como para los pendientes por graduar, además del daño económico para el personal contratista, como consecuencia del cese académico y administrativo, lo que pretenden es un ‘paz y salvo’ sin que se establezcan las responsabilidades del caso.

Adicionalmente, plantearon que el Rector (e), Jorge Restrepo Pimienta, no estuviese en la comisión negociadora, advirtiendo que si lo hacía ellos se levantarían de la mesa por considerar que “no era prenda de garantías”.

La Gobernadora también se comprometió a la asignación de recursos por 21.220 millones 125 mil 570 pesos para la Facultad de Bellas Artes.

En desarrollo de estos compromisos el Consejo Superior expidió la Resolución 000001 en la que también se estableció un cronograma para adelantar la reforma del Estatuto General a partir de la fecha de retorno de la normalidad académica en todas las sedes de Uniatlántico, con participación de una delegación de los estudiantes, recogiendo inquietudes de los diferentes universitarios y fijando como fecha de reinicio de clases el martes 4 de febrero.

Esto último tampoco lo aceptaron los ‘tomistas’, mostrando su desacuerdo con el artículo segundo de dicha Resolución, que señala textualmente: “El Consejo Académico, una vez retorne la normalidad administrativa en la Universidad, definirá las garantías académicas y disciplinarias para el estamento estudiantil”.

Realmente, desde que inició la ‘toma’ se perdió todo el Estado de Derecho en la Universidad, con exigencias que pretenden pasar por encima del Consejo Superior, el máximo organismo de dirección y gobierno, que cuenta con representación de los diferentes sectores. 

Lo inexplicable del caso fue la actitud pasiva del exgobernador Eduardo Verano De la Rosa por no apersonarse oportunamente de la situación desde el 25 de octubre de 2019 cuando inició la ‘toma’.

Ahora, con la Gobernadora Elsa Noguera De la Espriella al frente de la situación, con este nuevo panorama lo que se espera es que los ‘tomistas’ no sigan dilatando más la situación continuando con el grave perjuicio a los diferentes estamentos universitarios y que el próximo 4 de febrero, por fin, se de el retorno a las actividades académicas y administrativas.